Prisión preventiva para el expresidente Arce por corrupción
La decisión que causó revuelo en Bolivia se tomó después de una audiencia virtual dirigida por el juez Elmer Laura. En este encuentro, se decidió que el ex presidente, de 62 años, continuará detenido en un penal de La Paz mientras se avanza en la investigación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ambos delitos que pueden llevar a penas de hasta seis años de prisión.
Luego de comunicarse esta medida, Arce fue trasladado al penal de San Pedro, una de las cárceles más grandes del país. La fiscalía lo acusa de haber autorizado, en 2015, cuando ocupaba el Ministerio de Economía, el depósito de recursos del Fondo Indígena en cuentas particulares. Este fondo, creado para financiar proyectos productivos en comunidades rurales e indígenas, saltó a la fama en 2017 cuando se informó que millones de dólares habían sido desviados. Aunque este escándalo tuvo gran repercusión política durante el mandato de Morales, las causas judiciales permanecieron casi congeladas por años.
La defensa de Arce
Durante la audiencia, Arce rechazó las acusaciones, describiendo su detención como “ilegal e irregular”. Indicó que fue aprehendido sin orden judicial y denunció una persecución política en su contra. Además, aseguró que no tuvo intervención directa en la administración del Fondo Indígena, ya que las decisiones operativas estaban a cargo de funcionarios del área.
El juez hizo más que lo que la fiscalía había solicitado inicialmente, que era de tres meses de detención preventiva en un centro correccional para adolescentes. La defensa alegó que Arce padece una enfermedad oncológica, lo que podría complicarse en prisión. En respuesta, el magistrado exigió que el exmandatario reciba la atención médica necesaria y ordenó a las autoridades penitenciarias que garantizaran su integridad física durante su detención. Arce fue diagnosticado con cáncer de riñón en 2017, enfermedad que logró superar luego de un tratamiento en Brasil, pero que requiere controles periódicos.
Reapertura del caso y contexto político
La investigación sobre las posibles irregularidades del Fondo Indígena fue reabierta con la llegada del presidente Rodrigo Paz, que se ubica más hacia la centroderecha. Desde el gobierno actual, sostienen que durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS), hubo un uso indebido de los fondos públicos.
Aunque el perjuicio económico todavía no se ha establecido oficialmente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, estimó que el presunto desfalco en el caso de Arce podría superar los 51 millones de dólares. Exlegisladores que habían investigado anteriormente afirmaron que esos recursos se habrían usado para asegurar apoyos políticos y sindicales en épocas de elecciones. En este sentido, la fiscalía no descartó convocar a declarar a Evo Morales, lo que generó tensión en el Chapare, el bastión político del exmandatario, quien también enfrenta una orden de detención en otro caso.
La detención de Arce se da en un momento complicado para el gobierno boliviano, con escasez de combustibles, protestas sociales en desarrollo y un intenso debate sobre la continuidad de la subvención a los carburantes, que se cuestiona por su efecto en las cuentas públicas. Analistas locales sostienen que el país enfrenta la crisis económica más profunda en las últimas cuatro décadas, lo que aumenta la presión política en medio de las investigaciones judiciales contra exfuncionarios de alto rango.